El Principado de Asturias aprueba el proyecto de su Ley del Deporte

Durante la rueda de prensa posterior, Genaro Alonso (consejero de Educación, Cultura y Deporte) señaló que este documento “supone un paso importante para la actualización de una norma que databa de 1994. En estos casi 25 años se produjeron importantes transformaciones en la sociedad y también en la regulación de las enseñanzas deportivas con las transferencias educativas”.

Aseguró que el objetivo del Consejo de Gobierno es “elevar el deporte a práctica de interés general y motor de desarrollo económico y turístico”. Así, el Principado pretende renovar un marco legislativo “obsoleto” y promover el deporte como derecho y su práctica como interés general y motor de generación de empleo y de atracción turística.

El texto plantea una política global en materia deportiva que promueve los valores sociales, educativos, formativos, de salud, solidarios y de integración entre la sociedad asturiana. El nuevo marco reconoce la promoción de la actividad física y deportiva como un hábito al servicio de la salud en el que el ocio es un elemento relevante, con las implicaciones económicas que conlleva.

El proyecto considera el deporte “un derecho de la ciudadanía y aspira a implantar, con el apoyo del tejido asociativo, las federaciones y los clubes, una estructura estable y viable, adecuada a las necesidades y demandas de la población; el carácter inclusivo del texto diversifica los destinatarios con el fin de consolidar el concepto de deporte para todos”.

Especifica como principios rectores la promoción del deporte en edad escolar, las políticas activas dirigidas a la incorporación de la mujer, los programas específicos para favorecer el envejecimiento activo y el fomento de la actividad física entre personas discapacitadas.

El proyecto de ley incluye la necesidad de activar políticas públicas transversales con sectores como la salud, la educación, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ordenación del territorio, el medio ambiente o el turismo, debido al interés público del deporte y con el fin de lograr una gestión eficaz y eficiente, sostenible y transparente

Respecto a la organización y competencias, plantea la creación de una conferencia intersectorial como órgano colegiado que reunirá a los distintos departamentos del Principado, cuyas políticas incidan en la actividad física y el deporte. Asimismo, recoge las competencias de órganos ya existentes, como el Consejo Asesor de Actividad Física y Deporte y la Comisión de Equilibrio de Género en el Deporte (integrada en el anterior), y constituye el Comité Asturiano de Justicia Deportiva como órgano único e independiente con capacidad para resolver cuestiones controvertidas.

La normativa prevé la creación de la Federación Polideportiva del Principado, un organismo que agrupará aquellas modalidades que no pueden funcionar con autonomía ni siquiera en forma de agrupación deportiva, de modo que compartan con otras los gastos de sede o servicios administrativos. También otorga mayor protagonismo a las federaciones en la tramitación de las licencias deportivas, para conseguir una regulación más exhaustiva y somete a estas entidades a un código de buen gobierno.

El texto plantea, igualmente, un endurecimiento de las sanciones en la lucha contra el dopaje y en las prácticas que atentan contra el juego limpio, para lo que tipifica las malas prácticas. En lo que concierne a las medidas de prevención, control y represión de la violencia, racismo, discriminación por razón de sexo y xenofobia, incorpora el régimen disciplinario estatal.