Se crea un comité interministerial para reducir la obesidad infantil

Este organismo trabajará de forma transversal para abordar las múltiples causas de la obesidad infantil. Entre sus funciones destacan la coordinación interministerial para asegurar que todas las políticas públicas estén alineadas con el objetivo de reducir esta problemática. La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que "la obesidad infantil es la punta del iceberg de la falta de bienestar de los jóvenes".

Otra de sus tareas será la comunicación estratégica para diseñar y ejecutar una campaña informativa para concienciar a la población sobre la importancia de una alimentación saludable y la actividad física. Colaboración con comunidades autónomas y entidades locales con el fin de implicar a las administraciones regionales y locales en la implementación del plan.

El Comité tendrá también como una de sus funciones el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030). Para ello harán un seguimiento de las 200 medidas y las ajustarán según sea necesario.

La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública a nivel internacional y se asocia, junto con el sobrepeso, con numerosos problemas de salud, tanto en la infancia como en la edad adulta. Su prevalencia es tan elevada que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha declarado como uno de los mayores retos en salud del siglo XXI y, como tal, conlleva altos costes individuales, sociales y económicos con implicaciones a corto, medio y largo plazo.

Esta situación es especialmente acusada en hogares con rentas bajas. Para estos niños, niñas y adolescentes, crecer de forma saludable es aún más complicado, teniendo el doble de posibilidades de desarrollar obesidad debido a una exposición diferencial a los determinantes sociales de la obesidad.

Los últimos datos de España sobre obesidad y sobrepeso infantil corresponden al estudio ENE-COVID, publicado en 2023, con la información de 10.543 menores de entre 2 y 17 años. Este informe conjunto del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición presenta las prevalencias de obesidad, sobrepeso, obesidad severa, peso normal y peso bajo, así como sus factores asociados, en la población infantil y adolescente residente en España en 2020, detalladas según las principales variables sociodemográficas y la distribución geográfica.

Según sus resultados, el 30% de menores de entre 2 y 17 años en España tenía exceso de peso y 1 de cada 10, obesidad. La prevalencia de obesidad severa era del 2,1 %. La prevalencia de sobrepeso (+2,2 %), obesidad (+5,5%), exceso de peso (+7,7 %) y obesidad severa (+1,7 %) son superiores en los niños respecto a las niñas. Las prevalencias más altas de obesidad, obesidad severa y exceso de peso se observan en el grupo de 6-9 años; en el caso del sobrepeso, se registran a los 10-13 años.

La obesidad es el síntoma de un problema complejo que tiene su causa en los determinantes sociales que influyen en el bienestar de las personas. Reducir la obesidad implica hacer políticas en todo el ecosistema de la salud y en los factores que las condicionan. Es el planteamiento que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se traspasa el concepto de la sanidad, para poner en el horizonte el de salud integral; esto es, que todas las personas puedan prosperar física, mental y emocionalmente, y que cuenten con los medios para llevar una vida digna, con oportunidades y en comunidad, como parte de un planeta vivo y saludable.

Este concepto de salud integral es el que está detrás del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030). Para afrontar esta situación, el Plan cuenta con un horizonte temporal de ocho años y en él se recogen 200 medidas organizadas en entornos de acción que corresponden con diferentes ámbitos competenciales.

Dada su transversalidad, naturaleza multicompetencial y extensión temporal, el Plan requiere de un impulso sinérgico de múltiples actores desde distintos sectores y niveles institucionales, sociales y económicos a lo largo de la década. Por ello, este Plan se dota de un sistema de gobernanza específica que permite su coordinación, implementación, seguimiento y evaluación.