Informe anual de supervisión de la contratación pública en el deporte

Se trata de una herramienta estratégica que permite evaluar de forma sistemática cómo se licitan y gestionan los contratos de servicios y concesiones deportivas en España. El documento, que se presentó ante más de 80 profesionales del sector durante el Congreso Final del Foro CPP celebrado en Valencia, en el marco de SportCities 2025, reflejan una evolución positiva en materia de transparencia, configuración de criterios de adjudicación y concurrencia, aunque alertan de que persisten problemas estructurales que condicionan la calidad, eficiencia y seguridad jurídica de los contratos.

El IASC-DEP se consolida como un estudio estadístico descriptivo de referencia cuyo objetivo es ofrecer una visión completa y actualizada de cómo las administraciones públicas licitan, año tras año, los contratos de prestación y concesión de servicios deportivos. Su periodicidad permite identificar tendencias, detectar desviaciones y aportar información clave para mejorar la forma en que se contrata en el sector. Asimismo, el proyecto contribuye a fortalecer la concurrencia y la seguridad jurídica, generando un entorno más atractivo para las empresas y favoreciendo la calidad de los servicios deportivos prestados a la ciudadanía.

Además, sirve como eje metodológico de los encuentros del Foro Permanente de Colaboración Público-Privada en Servicios Deportivos, cuya segunda edición duplicó su alcance en fechas y sedes y culminó con el Congreso Final.

Eneko Macías, presidente de AEESDAP, explicó que “los trece encuentros del Foro de Colaboración Público-Privada celebrados este año han demostrado que el sector necesita espacios estables donde administraciones y empresas puedan trabajar juntas con rigor y transparencia. Contar con herramientas como el análisis de lo licitado, ahora resignificado a través del IASC-DEP, es esencial para entender la evolución de la contratación pública deportiva”.

Añade que "vemos necesario impulsar nuevos estudios, reforzar la formación y seguir generando documentos de apoyo que ayuden tanto a la gestión pública como a la privada”, subrayando que “la participación de todos ha sido el mejor estímulo para continuar trabajando por un sector más sólido y mejor preparado”.

A partir del análisis agregado de los datos del IASC-DEP y su comparación con el estudio elaborado en 2022, el informe identifica las siguientes conclusiones:

- La contratación en el sector deportivo es masivamente transparente en cuanto a procedimiento, con una predominancia absoluta de los contratos abiertos (93%) y restringidos (2%) frente a los negociados (5%). No obstante, se detecta un incumplimiento constante en la elección del procedimiento respecto de los contratos de concesión (abierto (86%) en lugar de restringido (14%), si bien no se considera un problema a efectos de concurrencia/transparencia.

- Hay una tendencia clara a usar el contrato de servicios (89%) frente al contrato de concesión de servicios (11%), percibiéndose este último con un contrato donde la aportación a la gestión del servicio por parte de las empresas es menor respecto de los contratos de concesión, si bien el grado de operatividad de las empresas no es un rasgo diferenciador de estos contratos (como si lo es el riesgo operacional). Existe un coste de oportunidad respecto al rendimiento de los contratos de servicios, donde es recomendable y deseado poder un alcance funcional mucho más amplio del que habitualmente se utiliza. Del mismo modo, se estima oportuno estudiar un cambio de enfoque en determinados contratos de concesión donde el riesgo es inasumible o donde la rentabilidad no resulta atractiva, planteándolos como contratos de servicios de prestaciones directas a la ciudadanía.

- Los criterios sujetos a juicio de valor, estratégicamente planteados y bien construidos, son un activo muy valioso a la hora de conseguir una rentabilidad adecuada de las licitaciones en términos cualitativos. Se constituyen como un elemento fundamental a la hora de permitir la aportación de valor y diferenciación por parte de las empresas. Cada vez se usan con mayor frecuencia (43% en 2024 frente al 38% en 2022) y con una ponderación importante y estable (37% de ponderación) en las licitaciones. En la misma línea, si bien persiste un problema en cuanto a la ponderación excesiva del criterio precio (48% de licitación con precio superior al 49%), la evolución es positiva (59% en 2022) y además, respecto de las fórmulas matemáticas que se emplean, la tendencia es a usar formulas poco agresivas (54% de las licitaciones usan la formula proporcional) que potencian aún más el carácter cualitativo en las licitaciones. Existe un problema en cuanto a la configuración de los mecanismos de anormalidad en las licitaciones y una margen de mejora enorme. Un 21% de las licitaciones no establecen un procedimiento al respecto pese a ser obligatorio por norma, y del resto un 58% de las licitaciones recurren a lo establecido en el art. 85 del RGLCAP, mecanismo que no sirve en nuestro sector teniendo en cuenta como se construyen los presupuestos.

- Existe un problema de concurrencia en las licitaciones, teniendo en cuenta que un 5,5% de las mismas quedan desiertas y un 35,5% solo tienen un único licitador. Los datos suponen una importante mejoría respecto a los obtenidos en 2022 (9,82% y 45% respectivamente). Las principales causas son la infravaloración de los costes inherentes a los servicios o lo ajustado de los cálculos económicos, que no permiten ejecutar los contratos con una viabilidad/seguridad económica suficiente. No obstante, el número medio de licitadores mejora en 2024 (2,72 licitadores) respecto a 2022 (2,65), si bien el sector está por debajo de la media nacional (2,99). Además, hay que tener en cuenta que en un 39% de las licitaciones (46% en 2022) no se desglose el presupuesto base de licitación (obligatorio por norma), y los porcentajes medios de gastos generales y beneficio industrial se sitúan respectivamente en el 8,9% y el 6,7%, tendencia ligeramente al alza sobre los datos de 2022.

- La supervisión de los contratos por parte de las administraciones y la complejidad de los procesos de imposición de penalidades son un problema estructural que tiene efectos complejos: subsistencia de empresas que consiguen cuota de mercado con ofertas que no cubren costes y que luego no cumplen rigurosamente con ellas o con la normativa de aplicación, desafección de empresas que ven como determinadas malas prácticas son rentables a efectos de obtener licitaciones, descenso de la rentabilidad de los contratos y descenso en la calidad de los servicios públicos, merma en los derechos laborales de las plantillas y desmotivación de las áreas técnicas públicas. La división en lotes además se percibe como una cuestión que amplificadora del problema.

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